Recibe las noticias por RSS

A favor del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid

Las organizaciones sociales y cívicas que conformamos la Plataforma por Justicia Fiscal vemos con gran preocupación cómo se expone una cínica postura contra los impuestos a los que se presentan falsamente como especie de confiscación. Nada más lejos de la realidad y la justicia. Reivindicamos el papel de los impuestos como un modo de distribuir la riqueza y de concretar la necesaria y exigible solidaridad de unos con otros en un estado democrático. Por esa convicción, la Plataforma por la Justicia Fiscal denuncia la supresión del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad de Madrid que agrava la amenazadora y creciente desigualdad y resta recursos necesarios a los poderes públicos, responsables de asegurar las condiciones mínimas para una vida digna de toda la ciudadanía. Por ello nos manifestamos:

La política fiscal que tiene la Comunidad de Madrid no cumple los criterios afectos a una hacienda moderna, y que quiera servir a los valores constitucionales de suficiencia, equidad y progresividad. La Comunidad de Madrid tiene desde hace años un déficit fiscal, gasta más que sus ingresos, y no es mayor por la política de retrasos, listas de espera o morosidad en la contratación y pago en sus actuaciones y compromisos.

Por otra parte, no podemos obviar la política asimétrica de reducción de déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas cargando sobre éstas un porcentaje mayor al de aquél, a pesar de tener las mismas el peso de la prestación de servicios universales de educación, sanidad o dependencia. O la controvertida política fiscal o de Seguridad estatal que incluye amnistía fiscal a defraudadores, reducción de impuestos directos y aumento de indirectos, y agujeros en la Seguridad Social por prestaciones o beneficios sociales que debieran haber sido compensados vía Presupuestos Generales del Estado.

A la falta de suficiencia del sistema fiscal estatal y autonómico madrileño, se le suma una falta de equidad, pagar igual cualquiera que sea la fuente de ingreso o de riqueza, y progresividad, aportar más que proporcionalmente en función de los ingresos o riqueza de los individuos.

La falta de equidad en el caso español se demuestra por el sistema dual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dado que según sean las rentas procedentes del trabajo o del capital, tienen tipos impositivos diferentes, siendo los más altos para las rentas del trabajo. Pero también la falta de equidad se produce en nuestro país por la posibilidad de utilizar la capacidad normativa de los impuestos de cada Comunidad Autónoma, propiciando una carrera a la baja en tipos y condiciones que, a medio plazo, perjudica a toda la ciudadanía y es motivo de dumping fiscal entre las Comunidades Autónomas. Es preciso, por lo tanto, acordar unos mínimos impositivos y sobre ellos cada Comunidad Autónoma pueda fijar sus propios tipos o reformar radicalmente la Ley de Financiación Autonómica y los Conciertos Económicos.

Pero en el caso madrileño, esta situación de dumping fiscal y de falta de equidad y progresividad del sistema fiscal llega a una mayor expresión ante la reiterada postura de sus últimos Gobiernos del Partido Popular, actualmente con el Partido Ciudadanos, de conceder un beneficio del 100 por cien de la cuota sobre el Impuesto sobre el Patrimonio. Es un caso único en todo el Estado, sea cuales sean los diferentes Gobiernos de cada Comunidad Autónoma, nacionalistas, independentistas, del PP o del PSOE, de Podemos o en coalición, alejándose radicalmente de una mejor armonización favoreciendo a los más adinerados de la Comunidad y a las personas que cambien su domicilio fiscal.

En Madrid no se paga el Impuesto sobre el Patrimonio. Esta concesión se estima que  beneficia a los 14.000 propietarios más ricos de la Comunidad, entre los que están los amnistiados fiscalmente, que siguen teniendo su dinero en los paraísos fiscales. Además, dadas las desgravaciones, no es muy gravoso, ya que el tipo medio a pagar en el resto de comunidades está en torno al 0,74%

Se estima que, eliminando la exención, se podría llegar a obtener cifras cercanas los 1.000 millones de euros. Un tercio del déficit madrileño se podría pagar si se llevase a cabo su recaudación y paliar el desastre de las radiales y otros desaguisados que siguen impunes políticamente. Miles de profesionales de la sanidad, educación o dependencia podrían ser contratados, reducir las listas de espera, atender a más personas dependientes,… Inversiones no cubiertas. En lugar de hacer políticas de estado, y fortalecer un sistema fiscal suficiente, equitativo y progresivo en Madrid se hace todo lo contrario para favorecer la deslocalización, la injusticia, la aristocracia de la riqueza.

Es hora que en estos nuevos Presupuestos de la Comunidad de Madrid se corrija esta distorsión y se normalice como en el conjunto del Estado el mandato de que se contribuya a la hacienda de todos, todos y todas, en función de la renta y riqueza, de forma progresiva. El apoyo o no a que este Impuesto sobre el Patrimonio grave en Madrid como en el conjunto del Estado medirá la preferencia de los partidos madrileños (y estatales) por la justicia fiscal, gravando a los más pudientes, en beneficio del conjunto de la ciudadanía o por el contrario ser portavoces de los que más tienen.

Por todo ello, exigimos que se vuelva a tener y a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid en la misma línea que en el conjunto del Estado.

La Plataforma por la Justicia Fiscal está formada por: Alianza contra la Pobreza, ATTAC España, CCOO, Red Europea contra la Pobreza (EAPN España), Economistas sin Fronteras, Entreculturas, FONGDCAM, Gestha, InspirAction, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Pobreza Cero, Publiquen lo que Pagan, Salud por Derecho, USO y UGT.

Los comentarios están cerrados