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España y Europa ponen en riesgo derechos fundamentales al incumplir sus compromisos con la cooperación

El Informe Aid Wacth 2016 denuncia las graves consecuencias de no alcanzar el 0,7%

 -        La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la UE, en 2015, se quedó en un 0,44% de la Renta Nacional Bruta; muy lejos del histórico compromiso del 0,7%.

-        En España, las cifras oficiales sitúan el porcentaje en un escaso 0,13%; pero si restamos la ayuda inflada, es decir, la que no se dedica realmente a la cooperación para el desarrollo, entonces el porcentaje desciende a un 0,12% de la RNB.

-        Este porcentaje ancla a España a la cola de Europa. Países como Eslovenia y Malta cuentan con porcentajes mayores; e incluso el compromiso de Portugal y Grecia, con graves crisis económicas, es mayor que el español.

-        Solo cinco países europeos alcanzan o superan el 0,7%: Luxemburgo (0,95%), Suecia (0,96%), Dinamarca (0,85%), Gran Bretaña (0,71%).

26 de octubre de 2016. Europa vuelve a situarse muy lejos de sus compromisos con la cooperación; España, también. El Informe Aid Watch 2016, realizado por CONCORD (red de ONGD europeas) no deja lugar a dudas: las cifras, alejadas del tradicional compromiso del 0,7%, ponen de relieve la incapacidad para cumplir sus propios objetivos.

Bajo el título “Esto no es suficiente”, el documento analiza la contribución económica de los países europeos a la cooperación y la calidad de esos fondos a la hora de luchar contra la pobreza, promover la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Los análisis realizados alertan sobre la peligrosa tendencia a computar como ayuda al desarrollo partidas que no tienen como foco la lucha contra la pobreza y la desigualdad en los países de destino. Tal es el caso de los fondos destinados a la atención a personas refugiadas dentro de las fronteras europeas, que deberían realizarse con recursos propios. Pero también se incluye en este la condonación de la deuda o la concesión de becas de estudios. Es urgente, tal como denuncia CONCORD, acabar con esas prácticas y garantizar que el dinero contribuye de manera efectiva al desarrollo en terceros países; las consecuencias de no hacerlo pueden ser nefastas para la garantía de derechos como la educación, la sanidad, el agua o la alimentación, entre otros.

España

Con la lupa en España el informe concluye que nuestro país está en una situación de mínimos en cantidad y en calidad. Desde el punto de vista cuantitativo, la política de cooperación española se encuentra en su peor momento desde hace décadas. Tras cinco años de recortes hemos alcanzado niveles propios de los años 80. El porcentaje que España destina a cooperación es de un 0,13%de la RNB, una cifra equivalente a la de Hungría e, incluso, por debajo de países como Malta o Eslovenia.

El gobierno aseguró que retomaría la senda de la recuperación económica; tras tres años de crecimiento económico, esta promesas no se ha cumplido. Un incumplimiento que afecta a la credibilidad de España como socio internacional comprometido. El propio CAD en su último informe de pares ha demandado al gobierno español que revierta esta tendencia y recupere los fondos destinados a esta política.

Cabe destacar además, que el 65% de la AOD española corresponde a fondos que debe aportar obligatoriamente a instituciones multilaterales. Por lo tanto, no contamos con una verdadera apuesta por esta política, sino más bien, un cumplimiento de mínimos al que el país está obligado. Eso deja al Plan Director que guía esta política en un mero documento de buenas intenciones sin voluntad política real.

Hay que tener en cuenta, además, que el gobierno viene adoptando el pernicioso hábito de presupuestar partidas para cooperación que no ejecuta. Aproximadamente uno de cada cinco euros presupuestados para cooperación no son finalmente ejecutados.

Al poner el foco en la eficacia y calidad de la ayuda, se observa que mientras se inflan partidas que no contribuyen a los objetivos de lucha contra la pobreza, se debilitan aquellas que sí contribuyen –como es el caso de la Ayuda Humanitaria o fondos destinados a la AECID o a las ONG. Existe, además, un empeoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas; y así queda reflejado en la caída que sufre España en el Índice de Transparencia de la Ayuda, que pasa del puesto 10 al 17.

El apoyo público a la sociedad civil ha continuado su senda decreciente; y, además, el gobierno ha incumplido la recomendación del CAD de crear un marco de relación entre la administración y las ONG para fortalecer la implicación de la sociedad civil. Tampoco se ha avanzado en la definición de estándares robustos de cumplimiento de los derechos humanos y de sostenibilidad en relación al sector privado como agente de desarrollo.

En un tiempo de graves crisis mundiales, España no puede eludir sus compromisos; además de irresponsable es una actitud suicida. Como el propio Plan Director contempla, “solo aseguraremos nuestro futuro si podemos asegurar también el de todas las personas que comparten con nosotros el planeta y sus recursos limitados”.

Recomendaciones:

-        Tanto España como Europa deben recuperar la senda del compromiso con el 0,7%. España debe llegar al 0,4% RNB hasta 2019. Las políticas de ajuste impuestas por la UE no pueden, en ningún caso, establecerse a costa de la cooperación para el desarrollo, como se ha venido haciendo hasta ahora.

-        La lucha contra la pobreza, las desigualdades, la defensa de los derechos humanos y la protección el planeta deben mantenerse como principales objetivos de la AOD. Cualquier instrumento con foco en el sector privado debe ser consistente con este objetivo.

-        Debe acabarse con la tendencia a destinar fondos de cooperación para el desarrollo a la atención a población refugiada dentro de las fronteras de los países europeos. Los fondos destinados a las personas que solicitan asilo y refugio en la UE han de ser específicos y adicionales.

-        Reconocer el papel central que la AOD representa para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que se ha comprometido España.

-         Implementar las reformas institucionales y políticas necesarias para el desarrollo de la Agenda 2030 a través de un diálogo amplio y significativo.

-        La gestión de los fondos debe ser transparente y garantizar resultados de desarrollo reales.

-        Realizar pasos concretos para avanzar en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Es decir, garantizar que todas las políticas contribuyen la construcción de un mundo justo, en el que se respeten los derechos humanos y el planeta que habitamos

-        Completar las negociaciones para un nuevo marco estratégico de relación con las ONGs teniendo en cuenta los diversos roles de la sociedad civil, incluyendo la creación de nuevos instrumentos de financiación que reflejen dicha diversidad de roles.

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