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La sociedad civil exige la paralización de la venta de armas a Marruecos

Comunicado de la campaña “Paremos el negocio de las armas”, respaldada por diversas organizaciones de la sociedad civil para frenar la venta de armas a Marruecos.
Fuente: Campaña Paremos el negocio de la guerra

Una vez más, diversas organizaciones de la sociedad civil, como Justicia i Pau (Cataluña), la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara), la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y el Observatorio de Derechos Humanos de Castilla la Mancha para El Sahara Occidental, tomamos la iniciativa de  presentar una denuncia ante el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio para frenar las autorizaciones de transferencia de armamento de España a Marruecos.

En la denuncia se pone de manifiesto cómo las exportaciones de armamento a Marruecos suponen una vulneración de la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Ley 53/2007, de 28 de diciembre), así como de diversos tratados internacionales.

En esta ocasión, además de los múltiples informes que señalan los abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad marroquíes, se aporta una novedosa prueba: un vídeo grabado después del desmantelamiento del Campamento de la Dignidad Gdeim Izik, el pasado mes de noviembre. En él, se distinguen con claridad la presencia de los vehículos de alta movilidad tácticos que España vendió a Marruecos durante los años 2008 y 2009.

El pasado 9 de marzo, el Presidente del Gobierno manifestó en el Congreso de los Diputados, al responder por los criterios que se aplican para la autorización o denegación de ventas de armas en los países del Norte de Africa, que ante cualquier cambio “se toman las medidas oportunas como se ha hecho en el caso concreto de Libia”, refiriéndose a la revocación de dos licencias de exportación de material de defensa a dicho país y que fueron adoptadas incluso antes del embargo de armas decretado por la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El Gobierno español es plenamente conocedor de los abusos a los que se ve sometida la población civil saharaui y, sin embargo, no usa los mecanismos que le ofrece la Ley en el caso de Marruecos. Ante esta dejación en el ejercicio de sus responsabilidades por parte de la Administración, las organizaciones denunciamos la situación y exigimos que se inicien los correspondientes expedientes administrativos para la suspensión y revocación de las licencias. También reclamamos información clara y transparente sobre éste tipo de comercio, puesto que se suele ocultar o ‘maquillar’ ante la ciudadanía los datos con el pretexto de que pertenece al ámbito de los intereses o secreto de Estado.

La fecha de presentación de la denuncia ha coincidido con el hecho de que hoy se cumplen seis meses de la muerte del joven saharaui Said Dambar, cuyo cadáver continúa en la morgue del hospital de la ciudad de El Aaiún, Sáhara Occidental ocupado, a la espera de que haya una investigación minuciosa y una autopsia realizada por forenses imparciales, como condición reclamada por la familia para que Said Dambar reciba sagrada sepultura. Esta muerte se añade a la del niño saharaui Zuber Elgarhi Nayem (en octubre de 2010, cuando intentaba acceder al campamento) o a la del ciudadano español Baby Hamday Buyema (el pasado 8 de noviembre en la ciudad de El Aaiun).

Marruecos se ha convertido en el séptimo destino de la venta de armas españolas y el segundo tras Brasil fuera del ámbito de la UE. En la última década España le ha vendido armas a Marruecos por más de 200 millones de euros y durante el año 2010  se han realizado exportaciones de material de defensa por importe de 2,5 millones de euros en repuestos, reparación y modernización de aeronaves y motores de aeronaves.

Rechazamos que se antepongan razones comerciales a las consideraciones éticas o morales, soslayando la legislación nacional o internacional existente sobre el comercio de armas. Rechazamos que el negocio de las armas español sea otra de las razones por las que el Gobierno español no quiera ejercer su responsabilidad como expotencia colonial para que el pueblo saharaui pueda elegir su propio futuro.

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